Contexto

Contexto El día 6 de octubre de 2019, se anunció el alza de la tarifa del metro de Santiago de $800 a $830 (equivalentes a 1,14 dólares) en horario punta -según el gobierno- producto de la subida del dólar, siendo la segunda vez en el año. En respuesta, los estudiantes llamaron a manifestarse mediante la evasión masiva, a lo cual se sumaron diversos sectores de la ciudadanía en distintas estaciones del metro de Santiago. El Gobierno de derecha de Sebastián Piñera respondió con una gran represión mediante Carabineros (policía civil), quienes lanzaban gas lacrimógeno y disparaban con balines de goma a lxs manifestantes.

Mientras que la ministra de transporte Gloria Hutt, junto con el presidente de Metro, centraban sus discursos en los daños materiales causados producto de las protestas, sin dar respuesta alguna a las demandas detrás de las mismas.

Ante la mala gestión y la poca empatía de los ministros que conforman el gabinete del gobierno de derecha, la ciudadanía comenzó a manifestar el malestar social, político y económico, producto de las medidas neoliberales implantadas en el país desde la época de la dictadura, a través de masivos cacerolazos en las calles.

Frente a esto, la noche del viernes 18 de octubre del presente, el presidente de la República, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia en diversas zonas del país, quedando a cargo de la Región Metropolitana el General Javier Iturriaga del Campo, Jefe de Defensa Nacional de Chile, con las siguientes atribuciones:

  • Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona declarada en estado de emergencia, para los efectos de velar por el orden público.
  • Autorizar la celebración de reuniones en lugares de uso público, cuando corresponda, y velar porque tales reuniones no alteren el orden interno. Controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella.

La decisión tomada por el Gobierno de Chile, la cual buscaba generar orden público, ocasionó todo lo contrario, ya que a lo largo del país se extendieron las protestas y en consecuencia, el Estado de Emergencia.

Durante la jornada del día siguiente, sábado 19, las protestas se intensificaron aún más, y junto a eso, el violento actuar de las Fuerzas Armadas. Cabe destacar que mientras los medios de comunicación dominantes centraban la atención en los desórdenes y desmanes ocasionados por algunos manifestantes, las redes sociales se encargaban de visibilizar el abuso policial y la violación a los derechos humanos cometidos a lxs manifestantes. Por su parte, el oficialismo, al igual que los medios dominantes, focaliza la cobertura informativa y discurso en el orden público, en los daños causados producto de las manifestaciones por el actuar de delincuentes y en las estaciones del metro destruidas. Ese mismo sábado en la noche el presidente Sebastián Piñera anunció la suspensión del alza del pasaje del metro mediante el envío de un proyecto de ley al Congreso, y el general Iturriaga declaró toque de queda en las provincias de Santiago, Chacabuco y a las comunas de San Bernardo y Puente Alto, a lo que se sumarían otras ciudades a lo largo de la noche. Hay que tener presente que desde el retorno a la democracia es la primera vez que se decreta Estado de Emergencia y Toque de queda producto de manifestaciones sociales, pues en otras ocasiones se había decretado debido a catástrofes naturales.

A pesar de la medida anunciada por el presidente respecto a la suspensión del alza del transporte público, las manifestaciones continuaron el día domingo 20. Este día estuvo marcado por reuniones políticas por parte del Gobierno y asimismo, por las reuniones entre organizaciones sociales y sindicales, tanto de sectores estudiantiles, feministas, trabajadores, mapuches como de activistas de la memoria y DDHH, que se agruparon en el espacio de memoria Londres 38 para convocar a un paro nacional el día lunes 21. Una de las primeras reuniones del presidente Piñera durante ese día fue con los dueños de los supermercados, cuando en paralelo a eso, ya se contaban alrededor de 7 muertos bajo el contexto de la protesta y militarización de varias ciudades. Como fue anunciado, el lunes 21 comenzó con un paro nacional y la continuación de las movilizaciones a lo largo del país. La violencia por parte de las fuerzas policiales y militares no paró, aumentando incluso el número de muertos -oficialmente declarados- a 18 personas, hasta el 23 de octubre de 2019.

A tempranas horas del día martes 22, el gobierno continuaba declarando que todas las personas fallecidas se encontraban en contexto de saqueos e incendios al momento de morir, desligándose totalmente de las evidencias que indican como responsables a las fuerzas policiales y militares. El mismo martes 22, las organizaciones sociales llamaron a continuar la huelga general los días 23 y 24 de octubre, y a realizar asambleas territoriales de base en todas las regiones. Las organizaciones solicitaron la derogación del estado de emergencia, el retorno de los militares a sus cuarteles, asamblea constituyente, fin a las AFP, término al modelo neoliberal, entre otras demandas.

Las protestas han continuado y cada vez son más masivas. Por su parte el gobierno ha anunciado algunas medidas para responder a las demandas de la sociedad, sin embargo, carecen de ser estructurales y continúan bajo la misma lógica de mercado .

Respecto de los abusos por parte de militares y carabineros hacia los manifestantes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que "las numerosas vulneraciones de los derechos humanos que se registran de manera constante durante estados de excepción, demuestran que no constituyen una respuesta sostenible y eficaz para enfrentar y resolver los conflictos sociales o políticos", recuerda que "las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales" y que "el Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión".